El proceso de conversaciones entre el Gobierno y las autodefensas está cada día peor. Los últimos acontecimientos lo ponen en una situación de confusión total. Pero los problemas comenzaron desde el principio.

La condición de arranque que el presidente Uribe les ha impuesto a los grupos que quieran adelantar conversaciones de paz con el Gobierno es que declaren un cese al fuego unilateral.

Pues bien, las autodefensas declararon ese cese al fuego en noviembre de 2002, hace 27 meses, y desde entonces ha sido sistemáticamente incumplido. Con ocasión de unas audiencias públicas realizadas hace un año en el Congreso, lo señalé con datos completos, que fueron luego corroborados por el mismo Comisionado de Paz.

Las autodefensas argumentaron que las muertes atribuidas a ellos realmente no eran de su responsabilidad. Se hizo entonces evidente el primer gran error de diseño del proceso: la falta de una verificación del cumplimiento de la palabra empeñada.

Desde el principio, se ha dicho que una verificación con tropas dispersas por todo el país era imposible. Así lo escribí en una carta de febrero de 2003 al Presidente, en la que apoyaba la creación de una zona de "concentración", siempre que en ella ingresaran todas las tropas de los grupos en proceso de paz. El mismo argumento lo expresó el ex presidente Gaviria al decidir la participación de la OEA en el papel de verificador. El presidente Uribe al principio compartió la idea y empezó a hablar de la necesidad de esa concentración total de las tropas paramilitares. Las autodefensas se resistieron. En algún momento, el Presidente cambió de opinión y cometió el segundo gran error. Concentró sólo los jefes de los grupos con los cuales conversaba, pero dejó las tropas dispersas, lo que hace la verificación imposible. Se perdió la llegada de la OEA, y el cese de hostilidades siguió siendo violado.

En plenas sesiones extraordinarias, seguimos sin saber qué quiere el doctor Uribe.

Las autodefensas, conscientes de la falta de apoyo público suficiente al proceso, buscaron aumentarlo por la vía de las desmovilizaciones unilaterales masivas. Lo lograron en el corto plazo. Pero siguen sin comprender que el apoyo público amplio y profundo solamente se consigue con total transparencia, con cumplimiento estricto de la palabra empeñada, transmitiendo a la opinión la certeza del camino emprendido. Así lo demostró, con gran éxito, el M-19 en 1989 y 1990. Nuestro indulto no cayó del cielo. Fue una decisión prácticamente unánime del país, sin oposición internacional, pese a que los hechos trágicos del Palacio de Justicia eran recientes.

Otra es la situación actual. Con un apoyo público insuficiente debido a la falta de transparencia del proceso, empieza la discusión del aplazado proyecto de ley que debe resolver los problemas jurídicos de los jefes de estas organizaciones. Y el Presidente comete su tercer error garrafal. Trata de quedar bien con dios y con el diablo, sin mostrar claramente que es lo que realmente quiere. Se hace aplaudir en Cartagena por la comunidad internacional y, a renglón seguido, les abre las puertas a puntos de vista opuestos dentro del Gobierno. Hoy, en plenas sesiones extraordinarias del Congreso, seguimos sin saber qué quiere el doctor Uribe.

En ese nudo estamos. Sin cese al fuego y a las hostilidades, sin suficiente apoyo interno y externo, discutiendo la magnitud del perdón cuando no está garantizada la desmovilización real y completa. Lo patriótico es ayudar a desanudarlo, porque la paz es esencial. Pero sin transparencia en el punto de llegada, el nudo parece irremediablemente ciego.