Los incidentes ocurridos en torno al secuestro del colombiano Rodrigo Granda, suceso que tuvo lugar en Caracas desde donde fue trasladado a Cúcuta, llevado a cabo de manera clandestina y solapada por personal militar venezolano, han enturbiado más todavía las ya tensas relaciones entre Venezuela y Colombia. Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en respuesta a comunicado emitido por la Casa de Nariño (sede del gobierno de Colombia), pusieron de manifiesto, en pocas palabras y con claridad meridiana, la limpidez, dignidad y legalidad de la posición oficial de Venezuela ante la situación mencionada: Se trató del secuestro ilegal de una persona residente en Venezuela, por motivos de orden político del gobierno colombiano, el cual admitió que había ofrecido dinero por la captura de Rodrigo Granda, pasando por encima y violando las disposiciones y reglamentaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que se refiere al soborno de que fueron objeto los mencionados militares venezolanos. Los secuestradores, miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, una vez identificados, fueron encarcelados y sometidos a juicio. El gobierno venezolano demandó solamente del gobierno colombiano un reconocimiento de su falta y disculpas por el hecho cometido (bien podría haber solicitado la devolución del secuestrado). Ante la negativa del gobierno colombiano, el gobierno venezolano tomó medidas de restricción del intercambio comercial con Colombia, lo cual, sin duda, afectaba significativamente a ambos países, aunque de modo predominante, por lo que a la economía respecta, a Colombia.
Esta situación, aparte de los efectos económicos sobre ambos países, entorpece los proyectos de política integracional latinoamericana que adelanta con vigor el Presidente Hugo Chávez de Venezuela, pero favorece los de EE. UU. de mantener, expandir y asegurar su dominio imperial en el subcontinente Centro-Suramericano; enciende mechas para el estallido de un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia que daría como resultado un desastre económico, social y político, y causaría millares de víctimas en ambos países, conflicto que sólo tendría un ganador: los EE. UU., que incrementarían uno de sus principales negocios: la venta de armas. Además, un enfrentamiento armado entre Venezuela y Colombia daría al poderoso Nemrod del Norte la oportunidad de intervención militar y la eliminación de Hugo Chávez, el principal oponente a los planes imperiales norteamericanos.
Ante semejante crisis, los dirigentes de la oposición política en Venezuela se encuentran en un aprieto. Saben muy bien, como consta por el considerable abatimiento y casi desaparición de los partidos políticos tradicionales, que su situación política es precaria, y que sólo cuentan con el apoyo ─ya no tan incondicional─ de la minoritaria clase media, el del gigante del Norte y el de los secuaces de éste que gobiernan algunos países latinoamericanos. Pero la oposición en Venezuela tiene en su contra a su propio pueblo y a los pueblos de casi todos los países marginales. La oposición, como dice el refrán, baila en la cuerda floja: Si apoya abiertamente al gobierno de Uribe y, por tanto, al de los EU. UU., incrementará el fervor revolucionario del pueblo venezolano al despertar su espíritu nacionalista y, de este modo, fortalecerá más todavía su adhesión a su máximo líder, el Presidente Chávez. Pero, por otra parte, a la oposición le resulta difícil e incómodo la reserva completa, y tal vez tal reserva, el guardar discreto silencio o absoluta neutralidad, hasta los expondría al descontento y al rechazo de sus agentes más poderosos (internos y externos). Ante esta disyuntiva, asoman la mitad de la cara y guardan oculta la otra mitad.
Es ésta la ambigua actitud que adoptó la oposición política venezolana para atacar la posición de Chávez y de su gobierno en este trance: no objetaron abiertamente, por el lado político, la decisión del Gobierno venezolano, sino por el económico; por el más convincente para su modo de ver el mundo, o por medio de la trillada muletilla propagandística del terrorismo. Caso típico de esta maniobra, que pretende persuadir a la colectividad, lo ofrece una entrevista que la televisora “Globovisión” de Venezuela realizó a una profesora universitaria venezolana, quien, o a quien, se calificó de experta internacionalista, caso que vamos a comentar a continuación:
En esta entrevista, efectuada en Enero del corriente año, la mencionada internacionalista (cuyo nombre no recuerdo ni viene al caso), objeta la decisión del gobierno de Venezuela de restringir el intercambio comercial entre los dos países aludiendo razones de carácter utilitario. Señala esta profesora que tal medida sólo traerá malas consecuencias económicas para los dos países, y hace cálculos acerca de la cuantía de las pérdidas en ingresos para ambos Estados como consecuencia de la decisión del Gobierno venezolano. No menciona la experta internacionalista, como si otros aspectos del problema carecieran de relevancia, la flagrante violación del derecho internacional que implica el secuestro perpetrado, la ofensa a la dignidad de la nación venezolana y el atropello a su soberanía, la posición política ante el mundo del gobierno venezolano y la traición a esta posición que significaría una complicidad (como la tuvo el actual gobierno del Ecuador en una situación similar) con el hecho implicado en el secuestro de Rodrigo Granda.
Los sectores de la oposición en Venezuela se imaginan que, como ellos lo hacen, todo el mundo sigue la misma brújula del dinero y la utilidad material para guiar su vida, y creen convencer a las masas populares mediante este recurso. Hacen énfasis en el perjuicio económico, pero no mencionan palabra sobre el aspecto político y el de los valores colectivos (patria, dignidad nacional, derecho, justicia) involucrados en este suceso, como, por el contrario, sí lo declara enérgicamente el actual Gobierno venezolano y apoyan esas masas populares hasta hace poco completamente olvidadas. Esta diferencia de actitudes pone de manifiesto el afrontamiento mundial, cada día más visible, entre dos clases de valores: los utilitarios y los propiamente humanos, estos últimos que sin descartar ni menospreciar los primeros impiden que ellos se alcen como suprema ley y primer principio que deben regir pensamiento, sentimiento y conducta.
El otro resorte que dispara la andanada publicitaria de la oposición consiste en un mal disimulado argumento de validez científica. Se convoca a la entrevista a una “destacada profesora universitaria, experta internacionalista”. Con ello se quiere insinuar o afirmar que la ciencia tiene en sus manos la verdad y el bien. Nada más lejos de esta ingenua creencia. La ciencia, como cualquier actividad humana está influida por estructuras básicas de orden histórico y cultural que esa ciencia no pone de relieve, pero que fundan sus criterios de verdad, y, a veces, con prepotente exceso, del bien. Pero si las ciencias llamadas naturales (física, química, biología, etc.) están más cerca de alcanzar su ideal de objetividad, ni aun ellas lo logran plenamente, y a menudo desvirtúan este ideal. Es lo que hoy ocurre con la penetración casi total y dominio consecuente del mundo de los negocios en el terreno de la ciencia. La ciencia y la tecnología están en la actualidad al servicio de los negocios, y son ellos quienes imponen qué, cómo, hasta qué punto se debe investigar y si los resultados obtenidos se dan a conocer o se guardan en secreto. Pero si todo esto ocurre en gran medida en el campo de las ciencias naturales, la pretensión de las llamadas ciencias humanas va mucho más lejos puesto que estas ciencias, cuyo epíteto de ciencias es aún puesto en duda y discutido, carecen de fundamento en su aspiración a la objetividad. Son excesivamente numerosas las variables en juego (entre ellas el propio investigador, su momento histórico y su cultura), y no es posible descartar la mayor parte de ellas en el proceso de la investigación. Así, la afirmación ─como la asentada por la profesora “internacionalista”─ de que Venezuela sufrirá un perjuicio económico por la posición adoptada por el Gobierno ante el problema del secuestro de Rodrigo Granda es tan verdadera como son verdaderos los vaticinios del oráculo de Delfos o los pronósticos de los adivinadores de moda acerca del acontecer futuro. La televisora Globovisión utiliza a menudo este recurso publicitario: convocar a entrevistas a “expertos científicos”, casi siempre profesores universitarios ya comprometidos con la oposición política, para exponer con aparente objetividad “tesis científicas” que pretenden demostrar la “verdad y el bien” de sus posturas políticas.
Examinados los argumentos precedentes, será preciso admitir que cuando la pretensión del augur, como en este caso, va aún más allá de la predicción del futuro para extenderse a la cuestión de los valores, entonces es cuando se muestra al desnudo el sesgo contenido en las afirmaciones y la intención de seducir mediante el recurso propagandístico. Si bien la razón nos ayuda o nos permite encontrar el camino del bien, la ciencia ─que también se funda en la razón─ no es capaz, por sí misma, de arrojar ninguna luz sobre tan vital cuestión. No es la ciencia quien determina el bien; es el bien quien debe guiar la ciencia.
