Cochabamba 09/02/2005, .- El presidente de
Bolivia, Carlos Mesa no gobierna, tal vez administra. En 15 meses
de gestión gubernamental tambaleó al ritmo de las presiones
sociales de los sectores más antagónicos del país y se pasó más
tiempo resolviendo conflictos antes que conducir la política de
Estado.

Luego de un mes de conflictos sociales que se iniciaron a
principios de año–sobretodo en Santa Cruz- el 3 de febrero, el Jefe
de Estado posesionó a un nuevo gabinete, el tercero de su
gestión, cambiando a ocho de 15 ministros y desafiando
abiertamente a los movimientos sociales.

La economía boliviana y el problema de la tenencia de la tierra se
encuentran en manos de personajes ligados al empresariado de
Santa Cruz, el departamento que presionó por la vigencia de
gobiernos autonómicos; los servicios de salud pretendieron estar
controlados por una militante del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) -el partido del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada- sin embargo, la ministra duró en su cargo tan
sólo 24 horas por la presión social; la participación popular está
manejada por una ex militante del Movimiento Bolivia Libre (MBL),
partido aliado en todos los gobiernos del MNR; los parlamentarios
“patrióticos” (léase tránsfugas) también tienen sus ministerios y,
así la lista continúa, para comprender que el presidente Mesa optó
por rodearse de gente comprometida con los empresarios, las
transnacionales y los partidos tradicionales.

“Este gobierno representa a la casta política tradicional, al poder
empresarial y oligárquico del país y al intento de rearticular la
megacoalición de Sánchez de Lozada. Los movimientos sociales
rechazamos a este nuevo gabinete porque tiene la intención de
desconocer la agenda de octubre de 2003”, aseguró el diputado y
presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

La agenda de octubre contempla como prioridades la Asamblea
Constituyente, una nueva Ley de Hidrocarburos y el juicio de
responsabilidades contra el ex presidente “Goni” Sánchez de
Lozada y sus ministros.

El dirigente de la COB, Jaime Solares, dijo que el nuevo gobierno
desafía al pueblo boliviano y confirma que “Mesa es Goni y Goni es
Mesa”, el representante de El Alto, Roberto de la Cruz, afirmó que
“el gabinete es un reciclaje de los partidos tradicionales cuya
legitimidad ya la han perdido” y el vocero de la Coordinadora del
Gas, Oscar Olivera, aseguró que la designación de los nuevos
ministros es el reflejo de un gobierno que ha optado por llevar
adelante una agenda contraria a los intereses populares.


De la “autonomía” al cuoteo

La nueva crisis gubernamental se produjo por las medidas de
presión que los grupos de poder de Santa Cruz asumieron contra
el gobierno: de la protesta contra el alza de hidrocarburos, los
empresarios, terratenientes y dueños de medios de comunicación,
pasaron a la demanda de autonomía regional.

El gobierno que aún no muestra ninguna capacidad de gestión, del
rechazo a esa demanda pasó a ser un fiel defensor de las
autonomías, anunciando que el referéndum autonómico se
realizará antes de la Asamblea Constituyente.

La propuesta autonómica impuesta por las élites cruceñas no sólo
tiene características demagógicas ni excluyentes sino que llega a
límites racistas. Después del conflicto autonomista, dos
empresarios que fungieron de emisarios realizaron en la sede de
gobierno un lobbie con todos los partidos tradicionales,
exceptuando al MAS de Evo Morales y al MIP de Felipe Quispe.

Al parecer la célebre frase de la representante boliviana, Gabriela
Oviedo, en el certamen de Miss Universo 2004 realizado en Quito
(Ecuador), no es personal sino de una parte de la colectividad
cruceña.

“Yo soy del otro lado del país, del lado este; nosotros somos altos
y gente blanca y sabemos inglés…Desafortunadamente la gente
que no conoce mucho sobre Bolivia, piensa que todos somos
indios del lado oeste del país…Es La Paz, la imagen que refleja
eso: gente pobre, gente de baja estatura y gente india”, afirmó la
belleza oriental.

Los pobladores cruceños contrarios a la autonomía –
principalmente indígenas, campesinos y colonizadores- no sólo
fueron objeto de amenazas sino que miembros de la Juventud
Cruceñista y la Nación Camba, golpearon a todos los que no
apoyaron el movimiento regional.

El dirigente campesino Benigno Vargas denunció que los
empresarios cruceños y otros sectores de poder amedrentaron a
sus trabajadores y dependientes para que asistan al cabildo
autonómico; el principal dirigente de la COB de Santa Cruz,
Gabriel Helbing, dijo que los trabajadores tenían varios
planteamientos para hacerlos conocer pero no se les dio la
oportunidad y el dirigente fabril cruceño Edwin Fernández fue más
categórico al afirmar: “las élites nos han mamao (engañado)”.

Cifras oficiales señalan que en la movilización cruceña se gastó
más de 150 mil dólares.

El analista político, Álvaro García Linera, considera que aunque
sus demandas afectan a la “agenda de octubre”, el movimiento
cruceño le dobló el brazo al presidente Mesa.