El pasado 3 de enero, el programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, presentó un reportaje de la periodista Adriana Villamarín titulado “Porno mariners”. La historia narra cómo, en octubre de 2004, marines del ejército de Estados Unidos y “contratistas” de la misma nacionalidad, que trabajan como asesores de los militares colombianos en la base de Tolemaida, sometieron a tres menores a una sesión de vejaciones sexuales, las cuales registraron en una cinta de video, que luego distribuyeron profusamente en el municipio de Melgar. La cadena de televisión no mostró en su totalidad el contenido del video pornográfico debido a que sus imágenes tienen alto grado de obscenidad. Al parecer, las tres adolescentes, de extracción social modesta, fueron utilizadas a cambio de una suma de dinero y de la promesa de obtener visas para ingresar a Estados Unidos. En la entrevista hecha a algunos de los habitantes de Melgar y al cura párroco local, ellos afirman que los marines grabaron los videos para destruir la dignidad de las jovencitas del pueblo y para demostrar “quién manda realmente en la localidad”. Expuestas a la vergüenza pública, luego de la distribución de la cinta, las adolescentes y sus familias tuvieron que abandonar la población.

Todo esto recuerda bien lo acontecido en la prisión de Abu Ghraib, donde los soldados norteamericanos fotografiaron las sesiones de tortura a las que sometían a sus reos iraquíes. La recientemente fallecida escritora Susan Sontag recordaba en uno de sus últimos ensayos, a propósito de ese aspecto de la guerra de agresión desatada por su país en Iraq, que plasmar en imágenes la tortura y la vejación sexual representa un elemento de la política y los vicios propios del poder colonial . Como parte de las modalidades de dominación de los pueblos conquistados, las potencias invasoras han practicado históricamente la humillación sexual. La grabación de esos actos de sadismo y la difusión pública de las imágenes que los registran forman parte de la elaboración de un mensaje en el que los invasores reafirman que el pueblo subyugado es inferior y merece toda clase de tratamientos inhumanos. Sontag señala, además, que la complacencia que experimentan los soldados al ser fotografiados torturando y ejerciendo la sevicia sexual expresa un modo de esparcimiento que gira en torno a la brutalidad, una especie de voyeurismo de la abyección, muy propio de la patología colectiva que reina en Estados Unidos. El culto a la pena de muerte, a las armas, a la persecución policiaca y a los espectáculos en los que el centro de la “diversión” son acciones crueles, es un producto altamente comercial en la sociedad norteamericana de hoy.

Dada la postración que han demostrado las instituciones estatales colombianas ante la voluntad imperial, sería ilusorio esperar que la justicia nacional busque juzgar a los autores de este grave delito contra menores de edad, o que, aunque sea, investigue el hecho. Tampoco podrá hacerlo la Corte Penal Internacional, pues Colombia ha suscrito un tratado bilateral en el que se compromete, en toda circunstancia, a garantizar inmunidad a cualquier ciudadano estadounidense ante las instancias internacionales.

Pero, en cambio, ese mismo país, cuyas fuerzas militares practican en territorios extranjeros la tortura y la vejación sexual contra los civiles, es el mismo que se atribuye la autoridad moral de juzgar a los nacionales colombianos usando el mecanismo de la extradición. ¿No es esa, acaso, la situación clásica en la que una potencia colonial somete a un pueblo a las peores formas de humillación e indignidad?