Ante la campaña mediática de tergiversación de las acciones contra el latifundio emprendidas por algunas gobernaciones, es preciso reafirmar el objetivo perseguido por el Estado venezolano al tomar en sus manos -por primera vez en su historia- la lucha social por la redistribución equitativa del ingreso nacional, la democratización de la propiedad privada y de la posesión de la tierra.

El objetivo perseguido es el de construir la Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria, conceptos complementarios y vitales para el desarrollo sustentable y sostenible de la Nación. El nefasto régimen latifundista es el principal obstáculo al logro de dicho objetivo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la desnutrición como un elemento fundamental de la pobreza, y define además que el crecimiento de la agricultura juega un papel clave para enfrentar el conjunto del problema, siempre que se haga una distribución equitativa de los frutos de ese crecimiento. Como puede apreciarse, la lucha contra el latifundio no es un problema exclusivo de Venezuela, aunque nuestro país sea uno de los más afectados del mundo por ese flagelo, al concentrar el 5% de los productores el 75% de las tierras fértiles del país, situación que se agrava al constatarse que ese 75% abarca a las mejores tierras.

Seguridad y Soberanía Alimentaria

La construcción de la Seguridad Alimentaria busca garantizarle al pueblo su derecho inherente e inalienable a una alimentación sana, variada y de calidad. Para garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, es necesario asegurarse de que toda información inherente a los sectores agrícola y alimentario relativa a la composición, los procesos de fabricación y la utilización de los alimentos sea clara y precisa. En la medida en que las y los consumidores estén más informados y mejor organizados, son mayores sus exigentes en materia de seguridad y calidad alimentarias.

De manera inédita el Estado venezolano avanza en la política de aplicar y hacer respetar las normas de seguridad en toda la cadena alimentaria, en previsión de riesgos alimentarios, asimismo, hoy se cuenta con una capacidad de respuesta más eficaz ante los riesgos.

La organización popular Vía Campesina, integrada por campesinos/as contrarios al neoliberalismo en diversos países desarrolló el concepto de Soberanía Alimentaria como “el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.” (¿Qué es la soberanía alimentaria?, EcoPortal.net, http://www.encuentropopular.org/areas/temas/artic025.htm).

Para Vía Campesina la Soberanía Alimentaria incluye:

Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los/as sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible.

El derecho de los/as campesinos/as a producir alimentos y el derecho de los/as consumidores/as a decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.
El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. la participación de los pueblos en la definición de política agraria.

El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
Como puede apreciarse, la Soberanía Alimentaria se opone a la teoría del libre comercio, en la cual subyace la idea legitimadora de la existencia de países que de modo "natural" sean exportadores de los productos alimentarios básicos y otros que sean, también por “naturaleza”, compradores.

Seguridad y Soberanía Alimentaria: prioridades de la Revolución Bolivariana

Venezuela ha sido un claro ejemplo de la imposición de la división internacional del trabajo propia del régimen capitalista, limitando la economía nacional a cumplir el papel de “suministrador seguro de petróleo”. En su fase neoliberal, dicha división internacional del trabajo no se ajusta a los preceptos de la llamada “libre competencia”, sino a los planes imperialistas de mantenimiento de su “Nuevo Orden Mundial Alimentario”, basado en ASIMETRÍAS e INIQUIDADES PLANIFICADAS, que viabilizan la re-colonización del mundo, legitimando y acelerando el saqueo de los recursos de los Estados (que son los recursos de los pueblos) mediante grados crecientes de acumulación y concentración del capital.

La superación del régimen puntofijista que viabilizó la inseguridad y la pérdida de soberanía alimentaria conlleva la destrucción de sus cimientos, entre ellos están el latifundio y el rentismo petrolero, ambos afines a los intereses imperialistas. Es por ello que la Revolución Bolivariana otorga una alta prioridad a la Seguridad Alimentaria y a la Soberanía Alimentaria en su marco jurídico-legal y en los planes de desarrollo de la Nación, incorporándola transversalmente en las políticas públicas, especialmente en materia agrícola (financiamiento, producción, transformación, distribución y comercialización); de economía social y solidaria; de comercio exterior en términos de cooperación, complementación y equidad; de protección de las y los consumidores; de salud pública; de seguridad integral de la Nación; educativa; cultural; comunicacional; de protección del medio ambiente; y del desarrollo territorial, basado en la estrategia de descentralización-desconcentración.

Para comprender la alta prioridad que otorgada por la Revolución Bolivariana a la Seguridad Alimentaria y a la Soberanía Alimentaria, es preciso recordar las experiencias padecidas en el pasado reciente por el pueblo venezolano:

1) 27 y 28 de Febrero de 1989: El pueblo de Caracas y de otras ciudades de la región capital salieron a las calles a expropiar a los comerciantes acaparadores de alimentos y de otros bienes de consumo, quienes cometiendo ese delito de acaparamiento planeaban una estrategia especulativa, aumentando los precios de esos bienes propiciando su escasez artificial. Esa ola especulativa (acaparamiento, escasez y encarecimiento de los productos de consumo masivo) estuvo asociada con la decisión del gobierno de Carlos Andrés Pérez de incrementar los precios de los combustibles, entre ellos la gasolina, obedeciendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La rebelión popular de los días 27 y 28 de Febrero de 1989 cobró la vida de cientos de personas por la represión policial y militar ordenada por los jerarcas del viejo régimen y fue una rebelión contra las clases dominantes, por una parte, contra la burocracia estatal que entregaba al país al imperio en detrimento de los intereses nacionales y colectivos, y, por otro lado, contra comerciantes inescrupulosos que incumplieron descaradamente con los preceptos teóricos capitalistas que le asignan a la propiedad privada, para que ésta sea legítima, una FUNCIÓN SOCIAL y una RESPONSABILIDAD SOCIAL.

2) 2 de diciembre de 2002 al 6 de febrero de 2003: El oposicionismo, después de haber fracasado en su afán de derrocar al Gobierno Nacional realizado varios paros patronales con visos de ilegalidad y con un golpe de Estado, reemprendió su estrategia golpista para derrocar a un gobierno legítimamente constituido, intentando paralizar el aparato productivo nacional y el funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos.

Durante 66 días el pueblo venezolano fue objeto de una brutal agresión que no escatimó en acciones delictivas, criminales y terroristas. Se trató de un BLOQUEO INTERNO, que, a diferencia de otros bloqueos contra los pueblos en diversos países del mundo, no fue instrumentalizado por una potencia agresora, sino por actores internos venezolanos (contando con fuertes apoyos externos y siguiendo estrategias imperialistas).

Entre las acciones contrarias a los intereses nacionales y colectivos destacaron:

Encadenamiento (cartelización) de los medios comerciales de difusión masiva para emitir informaciones tergiversadas y parcializadas dirigidas contra el Gobierno Nacional y las fuerzas políticas y sociales que le respaldan.
Asalto de una plaza pública de Caracas para emitir desde allí una campaña mediática de llamados al desconocimiento del gobierno legítimamente constituido a través de la insurrección cívico-militar.

Paro-sabotaje petrolero impulsado por la alta gerencia de la industria para impedir las exportaciones petroleras y la producción de derivados para el consumo interno, destruir instalaciones y equipos de la industria.
Campaña mediática de desobediencia de las leyes e instituciones, incluida la desobediencia tributaria.

Campaña mundial contra las inversiones extranjeras en Venezuela, con argumentos como la supuesta “inseguridad jurídica” y la inminente “caída del Gobierno”.

Amenazas y atentados a la integridad física de prestadores del servicio de transporte público, a sus unidades y a usuarios/as para obligarles a sumarse al paro.

Cortes de electricidad e interrupción de servicios privados de aseo urbano.
Cierre de vías públicas con saldo de varias personas fallecidas por falta de atención médica oportuna debido a la interrupción del tránsito vehicular.
Además de esas y otras acciones, el oposicionismo venezolano ejecutó acciones atentatorias de manera directa contra la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, al paralizar y/o sabotear el financiamiento, la producción, la transformación, la distribución y la comercialización de bienes de consumo y de los insumos necesarios para producirlos.

Interrupción del servicio de suministro de gas doméstico que obligó a millones de personas a cocinar con leña o a ingerir comidas des-balanceadas.

Paralización de empresas privadas y presiones (campañas mediáticas, amenazas y acciones violentas) contra el empresariado no sumado al paro y contra autoridades y trabajadores/as de empresas estatales para forzarles a paralizar sus actividades.

Acaparamiento de productos de consumo masivo de la agroindustria en centros de acopio privados y sabotaje a la producción agropecuaria (cerealística, cárnica, láctea, y de otros rubros).

Paralización del transporte pesado de mercancías, especialmente de alimentos, combustibles e insumos.

Paralización de los puertos nacionales para impedir el flujo comercial del país, incluyendo la importación de alimentos y medicinas.

Campañas mediáticas de descrédito de la calidad de los alimentos y combustibles importados de países hermanos como Argelia, Argentina, Brasil y Cuba, incitando boicots al consumo de los mismos.

Agresiones contra las representaciones diplomáticas de Argelia, Brasil, Grecia, India y Trinidad y Tobago, por la solidaridad de esos países al suministrar productos para el consumo masivo del pueblo venezolano.

Como puede apreciarse, se trató de un plan y acciones dirigidos a rendir al pueblo por hambre y desasosiego y forzarle así a cesar en su apoyo mayoritario al Gobierno Bolivariano.

La única manera de evitar que acontecimientos como los señalados se repitan en Venezuela y, de lograr avances sustanciales en el proceso de desarrollo integral de la Nación y, por consiguiente, de elevación de la calidad de vida del pueblo, es garantizar la Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria. Para lograrlo es imprescindible el ejercicio de la responsabilidad social y la corresponsabilidad de cada persona e institución involucrada en el proceso alimentario (investigadores/as, docentes, funcionarios/as, empresarios/as y consumidores/as).

Se trata de un derecho y un deber, un compromiso individual y colectivo de toda la población, sin distingo político o socioeconómico, para garantizar, cada cual desde su espacio (oficial, empresarial o de contraloría social por las y los consumidores), el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos de control a lo largo de la cadena alimentaria, para asegurar que los alimentos suministrados a la población sean sanos y de calidad, con riesgos mínimos de contaminación o degradación, es decir, aptos para el consumo. Asimismo, cada venezolano(a) debe contribuir a que esos alimentos sanos y de calidad lleguen a la mesa de cada hogar, comedor escolar, comunitario o popular.

Para alimentar de modo constante y efectivo al pueblo, el Estado venezolano adelanta una política agropecuaria propia y autónoma, sustentando la Seguridad Alimentaria de las personas en la Soberanía Alimentaría de la Nación, única manera de garantizar ingresos estables y sostenibles a quienes viven de las actividades agropecuarias, contribuir al fortalecimiento de los mercados internos y suministrar alimentos a TODO EL PUEBLO.