El caso es que la burocracia venezolana ejercida por los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral; todos muy bien definidos en la Constitución Nacional, como órganos de servicio público dispuestos a dar contestaciones a las exigencias del soberano.
Vale decir que el texto constitucional no admite dudas en su interpretación gramatical, por ejemplo el artículo 51 establece lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo” (Sic)
Ahora bien. Vale preguntarle a usted amigo lector: ¿Existe alguna duda en la aplicación de este artículo? ¿Usted ha enviado alguna correspondencia a un organismo público y ha recibido respuesta oportuna y adecuada? Entonces, si sus respuestas son negativas sólo nos queda entender que el fraude constitucional se materializa en perjuicio de una sociedad que desea vivir en armonía, en justicia y con una burocracia que ejecute los valores democráticos de eficiencia, eficacia y solidaridad humana. En caso contrario, si su respuesta es afirmativa, lo celebramos, pero mostramos nuestra insatisfacción porque la respuesta oportuna y adecuada la esperamos todos los venezolanos, puesto que todos somos iguales ante la ley.
Incluso me atrevo a asegurar que este artículo 51 da la Constitucional Nacional es totalmente ignorado por los burócratas venezolanos, no les importa, para ellos no existe, es letra muerta, sin sentido y carente de fuerza para su aplicación. Es más algunos ciudadanos han demandado la negativa de respuesta ante el Tribunal Supremo de justicia por vía del Amparo Constitucional y el resultado ha sido penosamente NO ADMITIDO por este importante organismo.
De lo antes expuesto se desprende que la igualdad ante la ley es una ilusión constitucional que sólo protege a unos y daña a otros; lo cual genera desconsuelo, incredulidad y desconfianza en el sistema. Pues en estos términos la democracia pierde vigencia, la objetividad racional del tratamiento ciudadano es deprimente y el anhelo de tener una calidad de vida acorde con las expectativas individuales y colectivas se torna bastante gris.
Sólo nos queda agregar que la burocracia venezolana demanda de un cuestionamiento rotundo, contundente y popular. El soberano no admite dilaciones, su obligación, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es dar respuesta OPORTUNA Y ADECUADA. Y sólo eso se espera.