**** No se puede actuar extrajudicialmente frente al abominable acto donde muriera el Fiscal Danilo Anderson, sin correr el riesgo de convertir al país en un escenario de guerra.
Tres hechos marcan el impacto del acto terrorista en el cual perdió la vida el Fiscal Danilo Anderson: 1) la réplica serena del poder nacional que responde en todos sus términos a las llamadas situaciones reflexivas; 2) el repudio de la acción por la mayoría de los actores políticos y sociales antagonistas al régimen bolivariano; y, 3) la ignorancia sobre la identidad de los autores del atentado. Los dos primeros estimulan actitudes optimistas sobre el futuro de la comunidad política, mientras el último genera incertidumbre. Positivamente la reacción oficial refleja la racionalidad de su proceso de toma de decisiones. Aunque el hecho envuelve una alta amenaza para el régimen, con poco tiempo para reacciones, se ve que ese riesgo había sido anticipado, como ocurre en esas situaciones, por lo que la decisión rápida orientada a colocar la paz frente a la violencia imperante en el sistema internacional, fue un premio político que se traduce en estabilidad para el Estado. Por su parte, la actitud de la oposición la legitima interna y externamente, abriéndole oportunidades para reorganizarse y participar eficazmente en el juego político dentro de los parámetros de la democracia.
Lo preocupante es la falta de conocimientos sobre la identidad individual o colectiva del ejecutor. Siendo el terrorismo un instrumento de comunicación, para el envío de mensajes y amenazas, y un medio de control social mediante el amedrentamiento de un colectivo, la ignorancia sobre la fuente emisora del mensaje crea un sentimiento de inseguridad en la población. Un cuadro generador de desconfianza entre los distintos actores políticos y sociales que dinamizan la vida del país e, incluso, con actores internacionales. Unas circunstancias que pueden revertir los impactos favorables de este desgraciado hecho, reanimando la tendencia hacia la violencia política presente desde el 27F del 89. En ese sentido la acción política del gobierno es decisiva para suprimir ese riesgo, considerando que el acto es una provocación. La demostración de que sólo y únicamente dentro del Estado es como el venezolano puede hallar una racional certeza para su realización personal es vital como política gubernamental. Y tal argumento exclusivamente puede validarse mediante la acción efectiva de los órganos de seguridad y orden públicos, complementados con el aparato de defensa militar. Este último preparado exclusivamente para combatir formaciones armadas, regulares o irregulares, internas o externas, que puedan estar detrás de esta acción, en principio, un acto delictivo que afecta la integridad de las personas y sus bienes y las relaciones armoniosas entre las clases que configuran la Nación. El gobierno no puede caer en la tentación de actuar extrajudicialmente (militarmente), como lo han hecho otras sociedades frente a hechos similares, por cuanto ello desencadenaría un espiral de violencia política que colocaría al país como escenario bélico.
