Retención ilegal de mercancía fue la justificación para esa INTERVENCIÓN, a la cual que recordemos nadie tildó de “golpe de estado” ni de “abuso de poder”. Tampoco ameritó cadenas de medios de difusión masiva de mentiras y tergiversaciones en las cuales los acusados, destituidos “vía celular”, presentaran sus alegatos.

Esto sucedió en Valencia, capital del Estado Carabobo, en marzo de 1999, sin decretos previos ni mayores explicaciones.

Para el año 2002 tenemos la siguiente situación:

• Funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas participaron como punta de lanza de los golpistas de abril, asesinando e hiriendo a muchas personas durante los días 11, 12 y 13 de ese mes. Tales hechos, dicho de paso sea, constan en varios vídeos de público conocimiento que han sido consignados hasta en organismos internacionales.
  
  
  
• La Fiscalía ordenó investigar y dos de esos funcionarios “se suicidaron”.
  
  
  
• Algunos efectivos del Cuerpo denunciaron el uso indebido de la institución y fueron sacados por diversos medios, entre ellos jubilaciones forzosas.
  
  
  
• Entre las denuncias presentadas por funcionarios estaba una que señalaba concretamente al Comisario Iván Simonovis como ejecutor de políticas ajenas a los objetivos normales y legales de la policía. Presionaron para que renunciara y así sucedió “formalmente”, pues luego se supo que el nombrado comisario es el jefe de la policía paralela que sigue funcionando como ariete armado contra la población.
  
  
  
• A partir del 01 de octubre hay declaración de huelga de policías por cobro de algunas deudas y el Alcalde se niega rotundamente a dialogar y a resolver la situación, utilizando a grupos de la misma institución como fuerza de choque contra sus propios compañeros.
  
  
  
• Entre las acusaciones de los funcionarios en conflicto hay algunas de malos manejos financieros. El Alcalde arguye que el gobierno central no le da recursos pero pocos días después declara que ya tiene para pagar. Es de señalar que los medios comerciales de difusión masiva no dan cobertura al conflicto y ninguno de sus “periodistas” es capaz de preguntar al Alcalde cómo había solucionado el problema de los recursos.
  
  
  
• La huelga dura cuarenta y siete días, durante los cuales hubo varias agresiones tanto contra los funcionarios en conflicto como contra ciudadanos, con resultado de tres asesinados y más de cuarenta heridos.
  
  
  
• Las acciones de la Fiscalía no podían ser adelantadas porque las armas policiales nunca fueron entregadas para las experticias correspondientes y en la recolección de cartuchos usados contra la población civil pudo determinarse que a las balas de plástico le fueron sustituidos los proyectiles de ese material por elementos metálicos y sal, que como todos es sabido impide la curación de las heridas.

Ante tal cuadro, que implica partidización de cuerpo de seguridad, organización y mantenimiento de policías paralelas, incapacidad para resolver problemas administrativos, daños a ciudadanos por uso indebido de armas de fuego, manipulación criminal de proyectiles supuestamente disuasivos para convertirlos en instrumentos de asesinato contra ciudadanos desarmados y participación activa en actividades golpistas contra el gobierno legítimo, ¿puede llamarse a la intervención, por cierto solicitada por los mismos policías en conflicto, “golpe de estado”?

Cuando sea escrita la Historia Universal del Fariseísmo, sus autores tendrán una riquísima veta de información en los acontecimientos que hoy nos toca vivir.









Ángel Cristóbal Colmenares E. - catirecolmenares@hotmail.com