No obstante ser el representante constitucional del Estado colombiano y de su régimen político, el presidente Gustavo Petro anunció que se trasladará, tanto a la Asamblea General de la ONU como al Consejo de Seguridad de dicho organismo, en el que hacen presencia las principales potencias del planeta, para denunciar y demostrar cómo es que el Estado colombiano –instrumento político de las oligarquías más rancias- bloquea y sabotea el cumplimiento y la implementación de los Acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuela Santos –como representante de ese Estado- y la guerrilla de las Farc en el segundo semestre del 2016 y afecta los desarrollos de la estrategia de Paz total que el mismo incluyo en el actual Plan nacional de desarrollo en grave riesgo por los recientes desaciertos de ciertos agentes públicos concernidos en su aplicación.

Aunque resulta un tanto paradójica esta situación, el paso anunciado por Petro es lógico dada la naturaleza y el papel del Estado colombiano como herramienta principal de la dominación de la más retardataria oligarquía terrateniente, empresarial, bancaria, militar y mediática.

Es ese mismo Estado oligárquico, con sus distintos tentáculos, el que lo bloquea y sabotea a él mismo y a su programa de reformas populares, que todos los días es objeto del estorbo y la zancadilla de los distintos centros de poder, mediante la mentira de los medios de comunicación, la guerra jurídica, la corrupción y la deslealtad de sus subalternos, hasta en los propios temas de la Paz total.

Ir a la ONU es, además un deber elemental del jefe de Estado si consideramos que tal organismo multilateral es el garante del efectivo cumplimiento de los Acuerdos de paz mediante la presencia de una amplia delegación de funcionarios en Colombia, quienes periódicamente pasan revista a los avances en la implementación certificando los precarios resultados en la reforma agraria, la protección de los ex combatientes, la amnistía, la ampliación de la democracia, la sustitución de los cultivos de coca, el asesinato de líderes sociales, las masacres de campesinos, indígenas, mujeres y afrodescendientes y el auge del neoparamilitarismo (urabeños, oficinas de Envigado) promovido desde las brigadas y los comandos militares y de policía.

Los hechos son contundentes:

La amnistía para los firmantes de paz del 2016 ha experimentado una parálisis del 82 por ciento. Ha sido imposible concretar la reforma agraria para entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos y formalizar otros 7 millones de hectáreas; a lo que hay que agregar la corrupción de prominentes directivos de la Agencia Nacional de Tierras que Petro debió expulsar de las oficinas públicas, según la denuncia de Felipe Harman, actual gerente de esa entidad. Los cambios en los territorios no se dan a pesar del enfoque territorial de la paz y de los anunciados planes de transformación territorial (Micay, Catatumbo) que caen en la retórica vacía de quienes hacen su agosto con la reconciliación desde fundaciones con lógicas de acumulación y enriquecimiento voraz.

El viejo Estado oligárquico le ha hecho mucho daño a la paz como ocurrió con el pasado gobierno de Ivan Duque quien se las arregló para hacer trizas la paz y exacerbar de nuevo el conflicto social y armado y la violencia en un tercer ciclo cargado de la proliferación de actores armados y repertorios violentos depredadores, especialmente contra poblaciones vulnerables como los indígenas, los afros y los desplazados por el despojo del neoparamilitarismo.

Hay enclaves del Estado colombiano como la Procuraduría, las Cortes, comisiones del poder legislativo y entidades e instancias prominentes carcomidas por la corrupción, la decidía, el clientelismo y el filibusterismo, que ejecutan en simultanea campañas y acciones de destrucción de los Acuerdos de Paz.

Petro ha enfatizado en que quiere que se abra el debate democrático porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó, arriesgando incluso la propia estrategia de Paz total afectada por la indolencia endógena de los enemigos agazapados de la paz en el gobierno.

Esta denuncia presidencial ante la ONU es inevitable encuadrarla en la campaña constituyente y la promoción del poder constituyente anunciada por Petro para poder hacer frente a los intentos de golpe de estado orquestados por la ultraderecha uribista y a la corrupción que se ha desatado en la actual coyuntura con casos tan aberrantes como el de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, una verdadera cloaca de la criminalidad de cuello blanco asociada con los partidos políticos y las maquinarias electoreras prevalecientes en las distintas instancias del Estado y el gobierno.